El gobierno de Venezuela anunció la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en el país y les dio plazo de 72 horas a sus funcionarios para irse, al alegar que “se inmiscuyeron en asuntos internos” al cuestionar el papel de la justicia en los últimos días tras la detención de Rocío San Miguel.
“La vemos muy activa cuestionando el accionar del Estado y esto en ningún estado es tolerable“, dijo en rueda de prensa el canciller Yván Gil este jueves 15 de febrero.
El ministro de Exteriores, acusó a los funcionarios de la ONU en el país de ser “una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana“, y de “solo proteger a personas que han intentado subvertir el orden constitucional y crear violencia en Venezuela”.
Cuestionó que no se pronuncien sobre los intentos de conspiraciones que ha denunciado el Ministerio Público desde el mes de enero pasado, ni mencionen las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos y otros países contra el gobierno de Maduro.
“Es una decisión administrativa que suspende la cooperación y el funcionamiento de la oficina porque esa oficina se ha desviado de su mandato”, afirmó Gil.
La medida se produce después de que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH denunció el 13 de febrero la «desaparición forzada» de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien fue detenida el 9 de febrero, donde no le permitieron tener representación legal privada.
“Los funcionarios tienen 72 horas para abandonar el país y revisaremos en los próximos 30 días cuales son los mecanismos de cooperación de esta oficina”, expresó.
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