El Consejo de Ministros de España ha aprobado una reforma en la ley del derecho de rectificación, ampliando su alcance a los usuarios de redes sociales con gran influencia. 

A partir de ahora, aquellos que cuenten con más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 en total, deberán rectificar las informaciones erróneas que publiquen, o al menos dar voz a los afectados por dichas noticias falsas. 

La modificación de esta legislación forma parte de un conjunto de medidas del Ejecutivo para fortalecer la transparencia y combatir la desinformación en plataformas digitales.

 Con esta medida, el Gobierno busca responsabilizar a los usuarios más influyentes de las redes sociales en la lucha contra los bulos.