La reciente intensificación de redadas migratorias en varias ciudades de Estados Unidos ha generado un clima de miedo entre la población de migrantes indocumentados, quienes han comenzado a abandonar sus trabajos y a evitar enviar a sus hijos a la escuela. Desde el inicio de estas operaciones, más de 3,500 personas han sido arrestadas para su deportación, una cifra que contrasta drásticamente con los 310 arrestos registrados en 2024 bajo la administración de Joe Biden.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que todos los migrantes indocumentados son considerados criminales por haber violado las leyes de inmigración. Esta postura ha incrementado la ansiedad entre quienes viven en el país sin documentación, quienes ahora temen realizar actividades cotidianas como acudir a hospitales, renovar licencias de conducir o asistir a servicios religiosos, según reportes de NBC News.

Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights, expresó su preocupación ante el aumento significativo de llamadas de personas que buscan asistencia debido a sus inquietudes sobre su seguridad. Además, Lukens denunció que la administración de Donald Trump ha bloqueado los intentos de su organización de acceder a los centros de detención para ofrecer apoyo legal a los detenidos.

Las redadas han puesto de manifiesto un cambio drástico en la política migratoria del país, que ha generado un impacto profundo no solo en la vida laboral de los migrantes, sino también en la educación de sus hijos y su bienestar general.