El gobierno de Canadá, a través de la ministra de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, Mélanie Joly, anunció la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos, en virtud del Reglamento de Medidas Económicas Especiales (Venezuela).

Estas medidas afectan a ocho altos funcionarios del gobierno de Venezuela quienes, presuntamente, han participado en actividades que han contribuido directa o indirectamente a la violación de derechos humanos y al debilitamiento de la democracia en el país sudamericano.

Según se lee en el comunicado de prensa del gobierno de Canadá, esta nueva ronda de sanciones está en consonancia con las medidas adoptadas previamente por el país y sus aliados durante el presente año. Su objetivo es aumentar la presión sobre la administración de Nicolás Maduro para que respete la voluntad del pueblo venezolano y frenar futuras violaciones de derechos humanos contra manifestantes, periodistas, líderes de la oposición y otros miembros de la sociedad civil.

Las ocho personas sancionadas por Canadá en esta ocasión son:

• Douglas Arnoldo Rico González, director nacional del Cicpc.
• Carlos Enrique Terán Hurtado, general de división y director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Bolivariano
• Carlos Alberto Calderón Chirinos, director del departamento de Inteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)
• Florencio Ramón Escalona, jefe de Operaciones de la Dirección General de Operaciones y Acciones Tácticas (Dgoat) de la Policía Nacional Bolivariana PNB.
• Leonel Alberto García Rivas, funcionario de la PNB
• Ronny Fernando González Montesinos, director de la División de Investigación Penal de la PNB y comisario general del Sebin.
• Manuel Enrique Castillo Rengifo, segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fanb.
• José Ramón Figuera Valdez, director de la Zodi Capital.

En el comunicado, Canadá reitera su profunda preocupación por las acciones desestabilizadoras del gobierno Maduro y las amenazas que representan tanto para el pueblo venezolano como para la estabilidad regional, y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia en Venezuela y en toda la región.