El gobierno de Donald Trump presentó este jueves una solicitud a la Corte Suprema de Estados Unidos para eliminar las protecciones legales temporales, conocidas como TPS, que actualmente benefician a aproximadamente 350,000 migrantes venezolanos. Esta medida, si es aprobada, dejaría a estos ciudadanos en una situación de vulnerabilidad ante posibles deportaciones, generando un gran impacto en sus vidas y en las comunidades donde residen.

La solicitud de la Casa Blanca se produce a pesar de un fallo previo emitido por el juez federal Edward Chen, quien bloqueó la decisión del gobierno. En su resolución, Chen destacó que la eliminación del TPS “amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas” y podría resultar en la pérdida de miles de millones de dólares en actividad económica para Estados Unidos. Este fallo subraya las tensiones entre el poder judicial y la administración actual en el manejo de las políticas migratorias.

El Departamento de Justicia, en respuesta al fallo, presentó una apelación de emergencia para revocar la orden del juez Chen. El procurador general John Sauer argumentó que la continuación del TPS interfiere con la autoridad del Ejecutivo sobre inmigración y política exterior, señalando que “la decisión judicial interfiere inaceptablemente con el poder del gobierno”. Esta afirmación resalta el conflicto entre los principios de justicia y las prerrogativas gubernamentales en materia de inmigración.

El TPS, establecido para permitir a ciudadanos de naciones con conflictos armados o desastres naturales mantenerse y trabajar legalmente en Estados Unidos, ha sido renovado en períodos de 18 meses y ha beneficiado también a individuos de Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras, entre otros. La reciente solicitud del gobierno agrega inseguridad a un programa que ha sido crucial para la comunidad migrante venezolana, especialmente en un contexto donde la situación en su país de origen sigue siendo crítica.

Aunque Sauer sostuvo que el fin del TPS no implicaría una orden automática de deportación, advirtió que los beneficiarios en su mayoría podrían buscar otras vías legales para permanecer en el país. Recientemente, un juez federal en Texas ya había declarado ilegales los esfuerzos para deportar a venezolanos bajo la ley de enemigos extranjeros, en un caso separado que, aunque no está vinculado directamente al TPS, muestra la complejidad y la controversia en torno a las políticas de inmigración del gobierno actual.