El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado al presidente Donald Trump a poner fin al programa de parole humanitario que otorgaba protección temporal a más de 500,000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Esta decisión, que responde a una solicitud de urgencia presentada por el equipo legal del presidente, deja a medio millón de personas sin protección frente a la deportación en un contexto de creciente incertidumbre.

El programa, implementado por la Administración Biden, tenía como objetivo frenar los cruces irregulares en la frontera al ofrecer una vía legal de ingreso a aquellos que huían de situaciones críticas en sus países de origen. Para beneficiarse del parole, los migrantes debían contar con un patrocinador dentro de Estados Unidos.

Las juezas progresistas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson mostraron su desacuerdo con la decisión, advirtiendo sobre las «devastadoras consecuencias» que esta medida tendrá para cientos de miles de familias. Esta sentencia se produce en un momento de creciente tensión política en torno a la inmigración y reconfigura drásticamente el panorama legal de miles de personas que buscaban una alternativa segura ante la crisis en sus naciones.