La investigación sobre el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en un parque de Bogotá, ha arrojado nuevos y alarmantes detalles. La principal hipótesis apunta a que el ataque fue perpetrado por un menor de 15 años, a quien le habrían ofrecido una suma considerable de dinero para acabar con la vida del congresista del Centro Democrático. Según información revelada por CityTv, al adolescente le prometieron 20 millones de pesos, lo que sugiere la existencia de una red de sicariato que habría instrumentalizado al joven para cometer el crimen.

El móvil económico fue confirmado por el propio adolescente en el momento de su aprehensión, una escena que quedó registrada en videos de cámaras de seguridad. Tras ser neutralizado por la policía justo después del ataque, el joven gritó desesperadamente que su motivación era el dinero para ayudar a sus seres queridos. «Yo lo hice por plata, por mi familia; perdón, lo hice por plata, por mi familia», exclamó mientras era detenido, ofreciendo incluso delatar a quienes lo contrataron a cambio de su libertad. 

Actualmente, el menor se encuentra bajo una medida de internamiento preventivo en el búnker de la Fiscalía mientras avanza la investigación.

Avances en la Investigación y Cargos Imputados

Mientras las autoridades trabajan para identificar a los autores intelectuales del atentado, se han conocido más detalles sobre las acciones del joven sicario. El presidente Gustavo Petro informó que, según las pesquisas, el menor estuvo merodeando la zona del parque durante aproximadamente cuatro horas antes de disparar contra el senador. La Fiscalía General de la Nación ya ha actuado y, durante una audiencia celebrada este martes, le imputó formalmente los cargos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

A pesar de la contundencia de las pruebas en su contra, el adolescente no aceptó los cargos que le fueron imputados por la Fiscalía. Expertos en derecho penal sugieren que esta negativa podría ser parte de una estrategia legal para negociar un principio de oportunidad. Esta figura jurídica permitiría a la Fiscalía suspender el ejercicio de la acción penal en su contra, posiblemente a cambio de información crucial que conduzca a la captura de los autores intelectuales y de toda la red criminal detrás del atentado, un giro que podría ser clave para el total esclarecimiento de los hechos.