La defensa de Nicolás Maduro, encabezada por el abogado Barry J. Pollack, ha abierto un nuevo frente en el juicio por narcoterrorismo que enfrenta el mandatario en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Mediante una carta enviada el pasado 20 de febrero al juez federal Alvin K. Hellerstein, el equipo legal solicitó formalmente que se obligue a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a liberar fondos del Estado venezolano para cubrir sus honorarios. Según el argumento de la defensa, Maduro carece de recursos personales y depende por completo del financiamiento estatal, el cual se encuentra actualmente inaccesible debido a las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense.

Pollack argumentó que el bloqueo de estas cuentas no solo representa una medida de presión política, sino que vulnera los derechos constitucionales del acusado al impedirle contratar y mantener la representación legal de su elección. El documento señala que, si bien el Estado venezolano estaría dispuesto a asumir los costos del proceso, las restricciones vigentes de la OFAC crean un obstáculo insalvable para el ejercicio de una defensa técnica adecuada. Esta movida es calificada como inusual, ya que busca utilizar activos bajo jurisdicción estadounidense, y actualmente congelados, para financiar el litigio contra el propio sistema judicial de ese país.

Este nuevo conflicto legal añade una capa de complejidad al proceso histórico que se desarrolla en Manhattan. El debate ahora se centra en el alcance de las sanciones frente al principio del debido proceso, planteando un dilema sobre si la justicia debe permitir excepciones financieras para garantizar un juicio justo. La resolución del juez Hellerstein sobre esta petición marcará un precedente significativo en el manejo de activos estatales extranjeros durante procesos penales de alto perfil en suelo estadounidense.