Nicolás Maduro, a través de su abogado Barry Pollack, solicitó formalmente a la justicia de Estados Unidos la desestimación de los cargos por narcotráfico y corrupción en su contra. Esta petición surge luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negara la licencia necesaria para utilizar fondos del Estado venezolano en el pago de su representación legal. La defensa argumenta que esta decisión interfiere directamente con el derecho constitucional del mandatario a contratar al abogado de su elección, solicitando por ello que se anule la cuarta acusación sustitutiva en el tribunal.

En una declaración jurada incluida en la documentación, Maduro reafirmó su intención de mantener a Pollack como su defensor, subrayando que el gobierno de Venezuela tiene la obligación legal de cubrir sus gastos jurídicos. Asimismo, el mandatario alegó que no posee recursos personales para costear el proceso por cuenta propia, ofreciendo presentar pruebas financieras de su insolvencia económica si la corte lo considera necesario. La moción busca demostrar que la restricción de fondos impide un debido proceso al limitar su capacidad de defensa técnica.

Por su parte, el abogado Henry Rodríguez Facchinetti respaldó esta postura asegurando que Caracas tiene una responsabilidad clara de sufragar los honorarios de su presidente y que el Estado está preparado para asumir dichos costos con dinero legítimo.