Una pareja de 31 y 29 años fue detenida en Granada, España, por la Policía Nacional bajo la acusación de cometer delitos contra los derechos de los trabajadores, la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Los sospechosos presuntamente explotaban a cerca de veinte migrantes en situación irregular, en su mayoría procedentes de Venezuela y Colombia, aprovechándose de su falta de documentación legal para someterlos a condiciones de profunda vulnerabilidad.

De acuerdo con el informe oficial, las víctimas eran obligadas a cumplir extenuantes jornadas de 14 horas, de lunes a domingo, en las que debían repartir a pie hasta 60 paquetes diarios. A cambio de este esfuerzo, recibían un pago ínfimo por cada entrega efectuada y estaban sujetas a la presión de fuertes multas económicas si la mercancía se extraviaba o si sufrían retrasos en los tiempos de distribución previstos por los empleadores.

La investigación se inició el pasado mes de marzo cuando dos agentes interceptaron en un barrio de la capital granadina a una mujer que trasladaba una gran cantidad de bultos en un carrito. Al ser interrogada, la trabajadora confesó que se encontraba en situación irregular y que operaba para un ciudadano español; a partir de este hecho, las pesquisas policiales confirmaron que el resto de los repartidores de la red se hallaba en la misma situación de desprotección legal, según reportó el diario Granada Hoy.