Un juez federal en Rhode Island dictaminó que la administración de Donald Trump actuó ilegalmente al paralizar los trámites de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia (green cards) y ciudadanía para solicitantes de 39 naciones. Ante esta situación, el magistrado John McConnell ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reanudar de forma inmediata el procesamiento de estos beneficios, invalidando así una política implementada en noviembre del año pasado que el gobierno justificaba como una medida para mejorar los controles de seguridad.

La resolución judicial responde a una demanda interpuesta por una coalición de sindicatos y organizaciones de apoyo a inmigrantes. En su fallo, McConnell subrayó que las personas afectadas, provenientes de África, Asia, América Latina y Medio Oriente, habían cumplido rigurosamente con todos los procesos legales establecidos por el Congreso. Sin embargo, el gobierno los relegó a un «limbo legal indeterminado» sin que existiera ninguna falta de su parte, penalizándolos «únicamente a la casualidad de su nacimiento».

El magistrado fue contundente al señalar que «el estado de derecho tiene que aplicarse a todos por igual», concluyendo que USCIS no siguió la ley y violó los estatutos administrativos que rigen sus acciones. Mientras la agencia federal se ve obligada a retomar sus funciones para resolver los casos que mantuvieron a miles de inmigrantes en una espera de meses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no ha emitido comentarios respecto a la decisión.