Con el objetivo de proteger las infraestructuras hidráulicas y prevenir daños ambientales, una comisión conjunta integrada por representantes del Ministerio de Ecosocialismo, el Ministerio de Aguas, el Ministerio de Transporte y la Gobernación llevó a cabo un operativo especial de fiscalización en el sector Las Garzas de la avenida Intercomunal «Jorge Rodríguez».


El despliegue se centró en verificar el uso adecuado y el estado de los sistemas de drenajes y de aguas servidas en la zona, una arteria vial de alto tráfico comercial y residencial.


Resultados del abordaje
Durante la jornada de inspección, las autoridades intervinieron un total de 10 establecimientos comerciales e industriales, arrojando el siguiente balance:


• Sector autolavados (5 establecimientos fiscalizados): La situación más crítica se concentró en este rubro debido al uso intensivo de agua y el manejo de vertidos. De los cinco negocios inspeccionados, todos (5) recibieron boletas de citación, y a cuatro se les aplicó la medida de paralización preventiva por incumplir las normativas ambientales y de saneamiento.


• Otras empresas (5 establecimientos fiscalizados): El operativo abarcó a un centro automotriz, una empresa de transporte de valores, una almacenadora y distribuidora de bebidas, una empresa de alimentos (que se encuentra inoperativa) y una constructora. Cuatro de estas entidades recibieron boletas de citación, siendo la constructora la única que cumplió con los parámetros evaluados y no fue sancionada en esta fase.


Prevención de colapsos
Este tipo de intervenciones forman parte del Plan de Atención Integral de la Avenida Intercomunal «Jorge Rodríguez», una estrategia diseñada para evitar el colapso de las redes de recolección de aguas, prevenir impactos negativos al ecosistema local y salvaguardar la seguridad de los transeúntes y vecinos asentados en las adyacencias de esta importante vía rápida.
Las autoridades reiteraron que los operativos de inspección y control se mantendrán desplegados en diferentes tramos de la región para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

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