El fiscal boliviano Brayan Melgar emitió este miércoles 29 de julio una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien se le acusa de los delitos de terrorismo y alzamiento armado. La medida, que se deriva de una denuncia presentada en el departamento oriental de Santa Cruz según un reporte de la agencia EFE, señala al exmandatario por presuntamente alentar las recientes protestas en el país. Fue el propio Morales quien confirmó y denunció la acción judicial a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Esta orden judicial se da a conocer en el contexto de una severa crisis nacional, luego de que Bolivia enfrentara más de mes y medio de intensas protestas y bloqueos carreteros impulsados por sectores sociales inconformes ante la inflación y la escasez de combustibles. La magnitud de estas movilizaciones fue tal que, el pasado 20 de junio, el presidente Rodrigo Paz se vio obligado a declarar un estado de excepción, abriendo la puerta para que las Fuerzas Armadas intervinieran en apoyo a la Policía para lograr el desbloqueo de las vialidades.

En respuesta a la acusación, Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019, rechazó categóricamente los cargos, asegurando que el gobierno busca responsabilizar a su movimiento para ocultar «una profunda crisis económica y social» producto de la corrupción. El líder político advirtió que no se dejará intimidar por estas acciones y reafirmó su intención de seguir luchando junto al pueblo con la convicción de que el país merece recuperar un camino de soberanía, dignidad y justicia social.