Viajes alrededor del mundo, marcas de lujo y visitas a China, así se mostraba Ana Gabriela Rubio Zea en redes sociales. Por un lado la mujer guatemalteca aparentaba llevar una vida de excentricidades, pero bajo esa cortina de opulencia ocultaba la manera en que realmente hacía su fortuna: trabajar con el Cártel de Sinaloa.
Luego de casi una década de adentrarse en el mundo del narcotráfico, Gaby -como también es conocida- fue finalmente detenida por sus actividades criminales. Actualmente está a la espera de ser extraditada a EEUU para ser juzgada, al igual que algunos de sus cómplices. Sin embargo, logró operar durante varios años sin levantar sospechas en la opinión pública.
Rubio no encaja en el perfil conocido de los narcotraficantes, pero las autoridades de Estados Unidos la asocian al poderoso Cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán y ahora dirigido por sus hijos «Los Chapitos».
Desde el año 2016 Zea comenzó a compartir su ostentoso estilo de vida en Facebook e Instagram. Las fotos que subía a sus cuentas tenían unas constantes: visitas a la playa, salidas a centros nocturnos, comidas en restaurantes, ropa de moda y un perrito pomeranian con quien viajaba a todos lados.
Aunque daba la apariencia de que se trataba de una celebridad, en realidad ella se identificaba como una defensora del medio ambiente. Incluso, fue directora ejecutiva de Igigi Technologies, una empresa dedicada a la fabricación de productos ecológicos y biodegradables.
Alias «La Gaby» tiene 32 años, pero su edad no fue limitante para establecer los contactos con los narcotraficantes de México y los proveedores chinos que enviaban la materia prima para fabricar fentanilo, una droga más fuerte que la morfina.
Rubio, con apenas 23 años, inició su contactos para facilitar el ingreso de la materia en Guatemala y luego se aseguraba que llegara al cartel mexicano. Mediante una empresa de fachada que dirigía, traía el producto y se encargaba de mantener afinados los contactos para recibir, distribuir y pagar por los precursores químicos, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.
