El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó “conclusiones alarmantes” que, asegura, revelan cómo las reformas institucionales en Venezuela “perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas” por los presuntos crímenes de lesa humanidad.
En una rueda de prensa en La Haya, Santiago Cantón (Argentina) y Joanna Frivet (Mauricio), miembros del panel, advirtieron de “la urgente necesidad de que actúe” el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, porque las reformas institucionales propuestas en Venezuela “son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis”.
El informe expresa “su honda preocupación por el hecho de que estas reformas protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel” y cree que indican “una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos”.
El panel nombró dos casos de lo que consideró un “problema generalizado” donde los presuntos perpetradores son “promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado” con la CPI.
Los expertos acusan al actual embajador venezolano en los Países Bajos, Calixto Ortega, de “haber colaborado activamente en la comisión” de crímenes con “detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo”, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens.
Ortega es también magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desde 2015 y, como embajador en La Haya, es jefe de la misión diplomática venezolana ante la CPI, reseñó EFE.
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