Tras una prolongada audiencia de presentación que se extendió hasta la madrugada de este jueves, el Tribunal Cuarto de Control del estado Anzoátegui dictó medida preventiva privativa de libertad en contra de los sacerdotes Carlos Eduardo Quintero y Ramón Acosta, a quienes la Fiscalía 16ª del Ministerio Público imputa por los presuntos delitos de abuso sexual agravado y continuado.
El juzgado ordenó que ambos clérigos, pertenecientes al Ordinariato Militar y con funciones pastorales en la Diócesis de Barcelona, permanezcan recluidos bajo custodia en la sede del Comando de Zona N° 52 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en Puerto La Cruz, mientras avanza la fase de investigación.
Nuevas denuncias y apagón retrasaron la audiencia
La jornada judicial estuvo marcada por imprevistos que alteraron la dinámica del proceso:
Inclusión de un nuevo caso: Inicialmente las autoridades procesaban la denuncia referente a tres menores (monaguillos). No obstante, horas antes de iniciar el acto compareció una adolescente de 16 años, integrante del coro parroquial, cuyo testimonio obligó a la representación fiscal a practicar pruebas anticipadas de emergencia para sumar la cuarta presunta víctima.
Falla eléctrica: A las 6:00 de la tarde se registró un corte del servicio eléctrico en el Palacio de Justicia que paralizó la causa durante seis horas, lográndose reanudar las actuaciones a altas horas de la noche hasta la emision del fallo pasadas las 3:00 a.m.
Reserva legal y representación de las víctimas
Dada la condición de vulnerabilidad de los cuatro adolescentes afectados (con edades comprendidas entre los 15 y 16 años) y en concordancia con los preceptos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), el tribunal dictó la reserva total de las actas procesales por un lapso de 45 días, imponiendo a las partes la prohibición expresa de ofrecer declaraciones públicas sobre el expediente.
En el ámbito legal, la representación de varios de los denunciantes fue asumida por el abogado penalista José Santoyo, mientras que la Unidad de Atención a la Víctima representa al resto de los afectados. Por su parte, la defensa de los imputados se encuentra a cargo de abogados privados, entre los cuales figura un familiar directo de uno de los religiosos.
El caso ha generado profunda conmoción en la feligresía anzoatiguense, luego de que las aprehensiones se concretaran la noche del pasado lunes en procedimientos simultáneos, destacando la detención del presbítero Quintero frente a la comunidad en las inmediaciones de la Ermita El Carmen en Barcelona.
