A partir de este viernes, España dejará de conceder y renovar los estatutos de residencia temporal por razones humanitarias debido a la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Según una nota informativa del Ministerio del Interior, esta medida pondrá fin al permiso especial implementado en 2018 que permitió regularizar a unos 240.000 ciudadanos venezolanos ante la baja tasa de reconocimiento de refugio en ese entonces. Las personas afectadas ya no podrán prorrogar este estatus ni solicitar la reagrupación familiar, por lo que las autoridades estipulan que deberán haber tramitado otras autorizaciones de residencia y trabajo alternativas.

La aplicación de este pacto internacional también establecerá un nuevo procedimiento de protección internacional en frontera para los migrantes que lleguen en embarcaciones precarias o sean interceptados en intentos de entrada irregular. 

Este proceso tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas, periodo en el cual los solicitantes no tendrán autorización formal de entrada al territorio nacional y deberán permanecer en instalaciones habilitadas, aunque sin estar privados de su libertad. En caso de que la solicitud de asilo sea denegada dentro de este procedimiento, se procederá de manera inmediata a la denegación de entrada, devolución o retorno del migrante.

A pesar del endurecimiento de los controles, el Gobierno español asegura haber optado por un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes, manteniendo salvaguardas esenciales como la asistencia jurídica, la intervención de Acnur y la posibilidad de reexamen de los casos.